El autoproclamado “gobierno de transición”, en el poder por apenas 2 meses, desató una dura persecución no solo contra líderes políticos y sindicales, sino también contra periodistas y comunicadores que se atrevieron a mostrar el rostro cruento de la represión, especialmente Senkata y Huilani. , con el lamentable resto de 36 muertos, más de 1.000 heridos y un número similar de presos.
El 13 de noviembre asumió sus funciones como Ministra de Comunicaciones Roxana Lizárraga, quien de inmediato amenazó a los periodistas y afirmó que lo que están haciendo algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando malestar en nuestro país, deben responder a la ley boliviana…. Estos comunicadores ya fueron identificados y el Ministro de Gobierno tomará las medidas necesarias”.
El ataque a los comunicadores ha sido un factor central en la política golpista, que apunta a desinformar, intimidar, amenazar e incluso matar., para crear un clima de terror donde nadie quiera denunciar lo que está pasando, legitimando así la dictadura. En resumen, la disidencia es sinónimo de "insurgencia y terrorismo", por lo que está sujeta a represalias "legales y penales", el argumento perfecto para la intimidación y el amordazamiento mediático y la persecución de periodistas y comunicadores populares.
Los casos son numerosos y merecerán una investigación imparcial cuando se restablezca el estado de derecho. Las agresiones a medios comunitarios y/o alternativos, así como a sus periodistas, se remontan a los días de convulsión social, donde grupos de jóvenes enmascarados de ideología fascista, asociados a "plataformas", "resistencias urbanas" y grupos de delincuencia organizada en Los motociclistas no sólo hostigaron, sino que incautaron y quemaron radios comunitarias, en una verdadera cacería, aprovechando el “disturbio policial” pero con su total complicidad.
a) Días antes del golpe
Radio Kawsachun Coca y Radio Soberanía: víctimas del fanatismo y la quema de equipos
En la ciudad de Cochabamba, dos radios comunitarias, ambas del sector coca, fueron alcanzadas por un incendio total de sus equipos en la sede de las 6 Federaciones del Trópico. La sede en cuestión ya había sido blanco de ataques e incendios dos días antes de las elecciones, el 22 de octubre. El 6 de noviembre se volvió a incendiar la parte baja del edificio, hasta que en la noche del 8 de noviembre en la madrugada del 9 de noviembre los delincuentes vándalos alcanzaron su objetivo y abandonaron los pasillos del piso 5 del edificio, donde las repetidoras de ambas emisoras, Radio Kawsachun Coca y Radio Soberanía.
Hay total impunidad para estos ataques, que involucran a escuadrones de choque fascistas, bajo la apariencia de "ciudadanos en alerta", supuestamente para recuperar las libertades y la democracia.
El 9 de noviembre de 2019, un día antes de la renuncia forzada de Evo Morales, esta vez en la ciudad de La Paz, hordas de maleantes ocuparon nuevamente las instalaciones de la CSUTCB, golpearon, tomaron como rehén al director y amarraron al director a un árbol de Radio Comunidad, periodista José Aramayo. Radio Comunidad es la emisora comunitaria de CSUTCB, la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Agrícolas de Bolivia. Además de su protección contra el abuso, la víctima del ataque fue detenida posteriormente por la FELCC sin evidencia de "llevar dinamita" y "hacer cócteles Molotov".
Otras emisoras comunitarias de organizaciones sociales hostigadas, amenazadas de intervención y obligadas a dejar de transmitir o cambiar de programa para proteger sus equipos y vidas, fueron Radio Bartolina Sisa, del CNMCIOB-BS, y Radio Unión de los Interculturales.
Un panorama similar se desarrolló en muchos departamentos del país, donde tanto los medios comunitarios como el sector estatal sufrieron persecuciones, ataques y tomas.
Los medios estatales están bajo amenaza
Los medios estatales están integrados por el canal de televisión boliviano, la red Radio Patria Nueva (en las ciudades) y la RPO Radios de Pueblos Originarios en las provincias. Junto a la agencia boliviana de información ABI y el diario "CAMBIO" (que pasó a llamarse "Bolivia" cuando asumió el gobierno).
30 de octubre de 2019
Ocupación 'pacífica' de Bolivia TV en Santa Cruz por un 'grupo de jóvenes del movimiento civil Ríos Pie'
El mismo día 30 de octubre, el periodista Samuel Iporre de Radio de Pueblos Originarios RPO Mamoré en Trinidad fue asaltado por bloqueos, su teléfono móvil fue incautado y destruido y su motocicleta dañada a las 5:30 am. time.who se trasladó a la estación para comenzar la programación.
En cuanto a los comunicadores de las OPR del Sistema Nacional de Radio Primeros Pueblos, que se encuentran en más de 80 localidades a lo largo del país, muchos de ellos fueron perseguidos e intimidados, muchos de ellos obligados a esconderse para proteger su vida o apagar las radios. .
9 noviembre 2019
Los bloqueos rodean a BTV y Radio Patria Nueva en La Paz, amenazando con detener las transmisiones, cerrando también las puertas del canal e impidiendo que nadie entre o salga.
Horas antes, el corresponsal de Red Patria Nueva en Trinidad, John Yana, aseguró haber sufrido anoche un "ataque" a su integridad física luego de que dos personas en sus motocicletas intentaran adelantarlo cuando regresaba a su casa.
Muerte en circunstancias confusas de Sebastián Moro, periodista argentino (16 de noviembre de 2019)
Tras una semana de dolor, Sebastián Moro, quien fuera colaborador de Radio Comunidad, donde presentaba un programa de análisis, y editor de Prensa Rural, ambos pertenecientes a la organización matriz CSUTCB (Confederación Unitaria Sindical de Trabajadores Rurales de Bolivia). Fue el 9 de noviembre en Página 12 (Argentina) donde denunció lo sucedido a Radio Comunidad ya su colega José Aramayo.
Reproducimos el comunicado de COMUNA (Comunicadores de Argentina), publicado el 19 de noviembre en la revista ALAI:
Comunicadores de la Argentina (COMUNA) expresa su profundo pesar por el fallecimiento en La Paz del periodista argentino Sebastián Moro, conocido por su labor en la comunicación popular y su lucha por los derechos humanos.
Las menciones a la persona y su obra en comunicados expresados por organizaciones de derechos humanos, periodistas que trabajaron con él, amigos y familiares, dan fe del respeto y cariño que se le tenía.
Sebastián Moro vivía en La Paz, donde trabajaba como editor de la publicación Prensa Rural, perteneciente a la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos, identificada con el gobierno del presidente Evo Morales, y de la emisora nacional de radio Comunidad. En esta radio había construido un espacio semanal para COMUNA, relacionado con Buenos Aires, para reflejar el trabajo de nuestra organización en torno a la línea editorial de los medios en posición dominante tanto en Argentina como en Bolivia.
Hasta 2015 trabajó en Radio Nacional Mendoza, donde se dedicó principalmente a la cobertura de juicios por violaciones de derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado.
No están claras las causas de la muerte de Sebastián Moreau, ocurrida el sábado 16 mientras era atendido en el hospital. Inicialmente se especuló que había sufrido un derrame cerebral en su casa, pero está pendiente la confirmación.
Cuando comenzaron las maniobras preparatorias para el golpe de Estado en Bolivia luego de las elecciones del 20 de octubre, Sebastián Moro también comenzó a trabajar con Página/12 en Buenos Aires.
Los sectores de extrema derecha que se desarrollaron en diferentes puntos del país para perseguir el derrocamiento de Evo Morales cometieron varios hechos de violencia. Este modus operandi se deterioró con el paso de los días, ya que la policía y el ejército, del lado de la trama golpista, despejaron las calles para esta acción de los grupos de oposición más radicales.
Esto permitió ataques contra medios estatales y populares. El sábado 9, víspera del golpe, algunos de estos medios fueron tomados por la fuerza, se expulsó a los periodistas del país y se silenciaron o modificaron las transmisiones para no informar sobre los hechos que se desarrollan en el país.
Incluso antes de la culminación del golpe de Estado del domingo 10, hubo denuncias de ataques a periodistas y comunicadores en las calles por parte de grupos violentos que actuaban con impunidad, así como amenazas contra cualquier persona que pudiera ser considerada simpatizante del presidente Morales y del movimiento por socialismo, o que no estaba de acuerdo con su plan de derrocamiento.
Esta tendencia continuó después de la consumación del golpe, con acciones hostiles contra periodistas bolivianos y extranjeros y el régimen dictatorial amenazó con procesarlos bajo el cargo de "rebelión".
Además, reseñamos también la denuncia del informe de la delegación argentina en solidaridad con el pueblo de Bolivia “…están en el cuerpo deSebastiánsignos que no son de accidente cerebrovascular, como lesiones internas y externas, tumbas múltiples y traumatismos múltiples. Se proporcionan en el "Historial clínico" que actualmente tienen los abogados y los médicos forenses autorizados. De ahí que, según los expertos, la muerte del periodista Sebastián Moro en el contexto del golpe de Estado sea “sumamente cuestionable”, cuyos extremos hasta el momento indican que fue atacado antes de la larga agonía que terminó con su muerte una semana después. A esta situación se sumó el hecho de que nunca se encontraron elementos de trabajo de los que Sebastian no se desprendería fácilmente: su chaqueta de reportero de CSUTCB, la grabadora del reportero y una agenda de comentarios.
Durante el gobierno de facto de Jeanine Anez
Una vez en el cargo, los ataques aumentaron y golpearon tanto a la prensa nacional como internacional. ¿El crimen? Reflejar el estado de represión que dejó decenas de muertos y más de mil heridos y presos. Ignorando la advertencia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, sobre las consecuencias de emitir opiniones caracterizadas como “rebeldía y terrorismo”.
• Expulsión de periodistas argentinos de los canales de TV A24, TN, TELEFE y CRÓNICA (14/11/2019)
En medio de una escalada de violencia, un grupo de periodistas argentinos fue atacado en Bolivia. Este es el grupo de trabajo (comunicadores y camarógrafos) encabezado por Rolando Graña y periodistas de los canales de televisión A24, TN, Telefé y Crónica. Varios de ellos fueron evacuados por un equipo especial de gendarmería de la embajada argentina tras ser atacados en la calle en medio de un escenario de tensión y represión, y luego fueron deportados.
• Corresponsal de Al Jazeera atacado por policías en Bolivia (15/11/2016)
El mismo día de la masacre de Senkata, que dejaría un saldo de 10 muertos y cientos de heridos, la periodista argentina Teresa Bo, corresponsal de Al Jazeera, fue agredida por fuerzas de seguridad, que la gasearon viva. “La policía hace lo que quiere”, advirtió el cronista. Todo sucedió frente a las cámaras y en plena transmisión en vivo para uno de los principales medios de comunicación del mundo: la periodista argentina Teresa Bo cubría una manifestación en La Paz, Bolivia, el viernes cuando fue detenida y atacada brutalmente por un policía. . oficial de policía lanzando gases lacrimógenos directamente a sus ojos. La periodista publicó el momento en sus redes sociales y aseguró en el mensaje que acompaña a las imágenes que “solo estábamos en la calle para denunciar lo que pasó y así reaccionó la policía boliviana”. Antes del incidente con la policía, Bo había dicho que debido a su nacionalidad tenía problemas para cubrir una conferencia de prensa organizada por la presidenta interina, Jeanine Añez.
• Facundo Molares Schoenfeld, fotoperiodista argentino de la revista Centenario
El ciudadano argentino Facundo Molares, quien trabaja como reportero gráfico de la revista Centenario, informó sobre los disturbios postelectorales. Tuvo que ser internado en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 11 de noviembre por una enfermedad renal grave. acostado en coma.
La policía boliviana y, con especial malicia, el ministro de gobierno Arturo Murillo, han organizado una campaña para criminalizarlo y hasta el día de hoy se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Medios de derecha informaron sobre la detención de cinco personas acusadas de colaborar con Facundo Molares Schoenfeld, "exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de nacionalidad argentina, quien fue llevado a la casa de uno de los imputados luego de resultó gravemente herido". en el partido que se disputó el 30 de octubre en Montero".
Reproducimos la aclaración de sus colegas, la revista de izquierda Centenario:
“Ante los hechos de la opinión pública, respecto del ciudadano Facundo Molares Schoenfeld, de nacionalidad argentina, DNI 24904415, quien se encuentra siendo atendido en el hospital japonés Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, es necesario aclarar las siguientes cuestiones:
Facundo Molares: encarcelado por cubrir la dictadura en Bolivia
• Queremos hacerles saber que Facundo es activo en nuestro espacio político y que realizó trabajos de FotoReportero para la revista digital Centenario.
• Durante su estancia en Bolivia desarrolló una grave enfermedad renal y actualmente se encuentra en cuidados intensivos con un cuadro clínico delicado. (NOTA: Despertó del coma el 21 de noviembre, encontró custodia protectora desde el 29 de noviembre y estuvo preso en Palmasola el 2 de diciembre de 2019 y desde el viernes 6 de diciembre en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 4000 metros sobre el nivel del mar, en plena arbitrariedad energética y sin orden judicial)
• Resaltamos que Facundo es un ciudadano argentino que no tiene orden de captura ni ninguna de las falsas razones que la policía boliviana intenta imponerle públicamente.
• Exigimos la preservación de su salud, integridad física y psíquica y rechazamos las falsas acusaciones que repiten los medios de comunicación para criminalizar a toda persona que exprese una opinión diferente en un contexto de creciente violencia y delincuencia. Gente.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN SALUDABLE: TeleSur y RT salen al aire
Han pasado menos de dos semanas del golpe, porque el 20 de noviembre de 2019 TeleSur y RT fueron sacadas del aire, no solo por la intervenida empresa estatal ENTEL, sino por todas las cooperativas privadas de cable. Temiendo una opinión diferente, el "gobierno de transición" de Jeanine Anez actuó como sus homólogos Macri y Bolsonaro, atacando la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones.
Radios de Originele Peoples RPO
Desde noviembre, muchas estaciones de radio comunitarias han sido hostigadas y en otros casos secuestradas por personas cercanas a miembros civiles. Más de 50 estaciones de radio dejaron de transmitir las noticias por falta de garantías.
Desde el primer día de su mandato como Ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga lanzó amenazas públicas contra las radios comunitarias, hasta que el 7 de enero de 2020, la Secretaría de Comunicaciones incautó el equipo transmisor de una de las repetidoras de Radio Kawsachun. Coca, ubicada en San Ignacio de Moxos (Beni).
En este sentido, nos solidarizamos una vez más con Radio Kawsachun Coca, cuyo Ministerio de Comunicaciones ha retirado el transmisor de su transpondedor en San Ignacio de Moxos, una emisora comunitaria que es permanentemente hostigada e intimidada por las actuales autoridades por el motivo de " desinformación". Y citan "la insurgencia y el terrorismo" como preámbulo para justificar esta coacción a la libertad de expresión.
Al mismo tiempo, condenamos el reclamo de este "gobierno de transición" cuya única tarea es garantizar las elecciones lo antes posible, que bajo el pretexto de la "entrega" se dispone a retirar los equipos de radio de las organizaciones de la sociedad civil. que son pilares del proceso de cambio, que se mantienen en estado de resistencia al actual gobierno de facto. Por "desplazamiento" nos referimos a áreas asociadas con lo "urbano".
En su página de Facebook, Radio Vive Coca se queja:
#RKC #GOLPEALIBERTADDEEXPRESSIE
*URGENTEMENTE; MINISTERIO DE COMUNICACIONES DECOMISO EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE RADIO EN VIVO DE COCA EN SAN IGNACIO DE MOXOS*
“RKC-01-7-2020.- Una comisión técnica de la Secretaría de Comunicaciones incautó el equipo transmisor de Radio Kawsachun Coca instalado en la ciudad de San Ignacio de Moxos, por supuestas labores de mantenimiento, según informaron vecinos de la dirección de la emisora.
Se trata de un equipo transmisor de 5 KW de frecuencia modulada (FM), más cuadro (RAK) que funcionó en esta localidad para brindar servicios principalmente a la zona nativa de la provincia del Beni.
El equipo fue entregado por el Ministerio de Comunicaciones a Radio Kawsachun Coca a través del proyecto “Reducción de desigualdades en el acceso a los servicios de información en zonas rurales del Departamento del Beni en el gobierno de 2015.
NOS QUIEREN INVITAR!!
De esta forma, el gobierno de Jeanine Añez, a través del Ministerio de Comunicaciones, quiere silenciar las transmisiones de Radio Kawsachun Coca, (emisora comunitaria) y nuevamente precisamente pisotear la libertad de expresión y la libertad de comunicación de cientos de personas. . la cual tenía servicio vía la estación a los pueblos indígenas de San Ignacio de Moxos en el Beni y CONISUR en el departamento de Cochabamba.
¡¡SE BUSCA AYUDANTE!!
Desde la dirección de la emisora expresamos nuestro absoluto rechazo ante tal atropello y solicitamos a las instituciones defensoras de los derechos humanos en Bolivia y en el exterior, a las organizaciones nacionales e internacionales de funcionarios de prensa y a la Defensoría del Pueblo de Bolivia, a nuestros dirigentes y organismos sociales del país, se sumen nuestro llamado a la protesta y apoyo para la reposición inmediata de los equipos incautados".
Hostigamiento y hostigamiento a medios privados
La falta de tolerancia y el intento de silenciarlos de diversas formas no solo se da hacia los medios comunitarios y quienes pertenecen a organizaciones sociales. Se extiende a varios medios privados, bajo el pretexto de una flagrante falsificación en la que la Secretaría de Comunicaciones (Roxana Lizárraga) y la Agencia Tributaria Nacional SIN “analizan deudas tributarias multimillonarias de las cadenas ATB, PAT, Abya Yala y el diario La Razón”, al parecer preocupado por la situación de los trabajadores de los medios antes mencionados. Cabe señalar que el nuevo presidente ejecutivo interino del SIN es Mario Renato Nava Morales, a la vez subdirector fiscal del Grupo Empresarial de Inversión Nacional Vida S.A, presidido por el ciudadano Luis Fernando Camacho, (que debe muchos millones en impuestos) , como devolución de un favor político tratado en términos de cuotas estatales.
Al mismo tiempo, se inició un espantoso juicio contra el exdirector de la cadena de televisión ATB, Marcelo Hurtado, detenido por segunda vez sin el debido proceso ni respeto a los derechos fundamentales en medio de mucha arbitrariedad y abuso de poder.
Algo similar sucede con las denuncias infundadas contra Amanda Dávila, quien ha sido objeto de hostigamiento político y judicial por el solo hecho de ser la exministra de Comunicaciones del gobierno de Evo Morales.
El caso de Abya Yala TV, un continente de culturas
Abya Yala TV está en el ojo de la tormenta, bajo falsas acusaciones de ser un canal ilegal. Aclaramos que Abya Yala es una fundación, es decir una institución privada cuyo fin es la comunicación, información y educación. Negamos categóricamente que este sea un medio propiedad de Evo Morales Ayma. Como entidad de derecho privado, tiene personalidad jurídica y, como corresponde a un estado constitucional, debe en principio estar protegida por la ley.
Tiene la filosofía de promover y creer en la solidaridad de los pueblos, similar a un anuncio de la creación de Patria Grande desde el inicio de sus transmisiones hace más de 5 años. Por tanto, para tomar por ejemplo la señal de TeleSur, es algo que no se puede confundir con “insurgencia y terrorismo”, sino que es una opción comunicativa que nos permite la CPE en el marco de la libertad de expresión y el disenso que constitucionalmente son derechos. Por otro lado, se da prioridad a la programación educativa, cultural y alternativa, priorizando las películas y programas que contribuyen a la reflexión y la conciencia crítica, a diferencia de la mayoría de los canales comerciales.
En tantos años de supuesta dictadura, el gobierno de Evo Morales no ha sacado del aire a CNN ni a los canales privados nacionales. ¿Está ahora destinado a silenciar un medio para una visión y enfoque diferente? ¿Dónde quedó el derecho a la libertad de pensamiento y disidencia? Derechos que están protegidos no solo por nuestra constitución política del estado, sino también por los tratados internacionales.
Ante la falsa acusación de la Ministra de Comunicaciones Roxana Lizárraga, Abya Yala cuenta con licencia de funcionamiento, la cual fue otorgada por la ATT mediante RAR ATT-DJ-RA TL LP 479/2015 de fecha 17 de abril de 2015 (RAR 479/2015) para utilizar las frecuencias correspondientes al canal 41 de UHF, lo que se formalizó con la firma del contrato de licencia de radiodifusión CTTO 47/2015 para la operación de una red de telecomunicaciones. Entre 2016 y 2017 también se accedió de manera totalmente legal a las resoluciones administrativas de Oruro, Trinidad, Cobija, Cochabamba y Tarija.
Como Abya Yala, afirmamos ser objeto de persecución y hostigamiento, con la clara intención de interferir ilegalmente en una institución que es una entidad privada, para promover una toma de control absolutamente ilegal. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO NO ES SINÓNIMO DE TENSIÓN.
Ataques al canal, como el del 4 de noviembre de 2019, cuando un grupo de jóvenes con el rostro cubierto arrojaron objetos y pintura sobre la fachada del canal alrededor de las 15:30 horas, no fueron investigados por las autoridades involucradas, dejando a los cobardes al valerse por sí mismos. actuar con impunidad y violencia contra el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de información.
Similares hostigamientos e intimidaciones ocurrieron en oficinas y corresponsales de todo el país, sin más respuesta que la correspondiente protección. Ya en enero, la periodista de Abya Yala, Karen Ramírez, fue amenazada nuevamente con la amenaza de muerte de ser quemada viva si continuaba cubriendo la noticia.
En cuanto a la sanción de representación legal que recayó sobre las exautoridades del gobierno de Evo Morales, no existe fundamento legal para tipificar esta situación como delito, ya que al término de sus funciones en una determinada cartera estatal no manifiestan su posición política. posición para perder. representación del derecho de desistimiento, se vuelve a señalar la falta de tolerancia a opiniones contrarias al statu quo.
Y en cuanto a los impuestos atrasados, Abya Yala ha hecho todo lo posible para cumplir con estos compromisos, haciendo pagos mensuales en consecuencia y utilizando un plan de pago para una parte de los compromisos, como es el caso de muchas otras empresas. En el contexto de la mencionada transparencia, la Dirección General de Impuestos del Estado (SIN) no debería publicar estas deudas a través de un medio específico, sino a través de una serie de medios de comunicación que permitan contextualizar las categorías, sin que las grandes aerolíneas (por ejemplo, Amaszonas, que a pesar de su altísima deuda con el SIN se benefició de las rutas y hasta de la gestión de la empresa estatal Boliviana de Aviación BOA...).
Es claro que el intento de apoderarse ilegalmente de una emisora privada es una violación a la libertad de expresión, un reflejo de la intolerancia absoluta a la multiplicidad de puntos de vista.
Persecución y hostigamiento de activistas y comunicadores por 'patrulla cibernética'
La represión de ideas llega a tal extremo que se procesa e incluso se detiene a personas por expresarse en redes sociales o medios digitales, ejemplo de prácticas totalmente dictatoriales incompatibles con el Estado de derecho. El crimen: Pensar diferente es sinónimo de rebelión, decir la verdad es sinónimo de terrorismo.
El 31 de diciembre fueron detenidos Alejandra Salinas (actualmente en arresto domiciliario) y Orestes Sotomayor, miembros de La Resistencia Bolivia, así como un compañero de AGETIC que fue liberado. Su detención se basa en una solicitud de un fiscal el 27 de diciembre para abrir una investigación sobre la rebelión de los presentadores del programa de radio "La Resistencia Radio", programa que se iba a transmitir hasta agosto de 2019. La solicitud ordena la entrega de un informe que contenga pruebas de los responsables del programa de radio, las condiciones en que se transmitió el programa y las personas que lo financiaron.
El crimen de solidaridad con las víctimas de Senkata
El 16 de diciembre, casi un mes después de la masacre de Senkata, los jóvenes Carlos Cornejo (corresponsal de La Izquierda Diario de Argentina/Brasil), Leonel Jurado (artista visual) y Andrea Mamani (estudiante universitaria) fueron detenidos ilegalmente, acusados de sedición e incitación a la violencia por colgar carteles en un acto de solidaridad con las víctimas de Senkata. Antes organizaron una kermez. Incluso el acto más inocente es la rebelión a los conspiradores.
“Hicimos un acto solidario el domingo pasado con una exhibición para recolectar alimentos para los familiares de los caídos en Senkata y tuvimos otra acción en la UPEA (Universidad de El Alto) el jueves y hoy [lunes] nos reunimos solos para anunciar el evento . . Los únicos materiales que nos confiscaron fueron papel reciclable y pintura, ya que nuestro único propósito era anunciar el evento del jueves. No hicimos nada y sin embargo nos acusaron de acción directa y hoy le resultó a la fiscalía que no había tal prueba. Mañana [martes] tenemos la audiencia a las 8 am y hoy dormimos en las celdas de la corte, pero quiero dejar claro que esto es un arresto ilegal”.
Si bien fueron liberados al día siguiente, refleja la arbitrariedad y traición de un gobierno que ignora el sufrimiento humano de los hermanos Alto quienes fueron asesinados con impunidad, al amparo de un Decreto Supremo que autorizó el asesinato.
Dos meses en el autoproclamado gobierno de transición: Procesos contra 592 exfuncionarios del MAS
El 7 de enero de 2019, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, anunció el inicio de procesos contra todos los exministros, secretarios de Estado, ministros y ejecutivos de empresas estratégicas, además de sus familiares. Así de sencillo, culpabilizar a todos los altos funcionarios entre 2006 y 2019, extender la “investigación previa” a sus familiares y “frentes”, ciertamente sin el debido proceso y con la macabra intención de excluir a potenciales candidatos a MÁS en las próximas y futuras elecciones. Es la máxima expresión del fanatismo y la persecución política, una verdadera caza de brujas que merece la condena nacional e internacional.
Protección y complicidad con "pititas", motociclistas y "resistencia urbana"
Mientras continúa esta persecución a líderes del MAS-IPSP, posibles candidatos, exautoridades e incluso simpatizantes habituales, existen grupos de choque parapoliciales y hasta paramilitares denominados "resistencia urbana", motociclistas organizados, "pititas" y otros. protección y complicidad de la policía y el gobierno de facto. Si en los días de los mayores espasmos golpeaban a mujeres modestas con pollera o a un civil sospechoso de ser masista, ahora continúan con su hostigamiento, vigilias que no son más que simples intimidaciones al estilo fascista, donde están en listas negras, no son autorizados a ejercer sus funciones en servidores como Mediadores o se encuentran ubicados en los domicilios de ex autoridades o embajadas. Estamos presenciando un fenómeno peligroso de un movimiento ciudadano que se toma la justicia por su mano.
FIN
En términos de comunicación:
Muchos de nuestros periodistas han enfrentado hostigamiento, agresiones verbales e incluso amenazas de muerte por parte de enojados ciudadanos "anti-masistas". Corresponde a las autoridades nacionales ya los gremios de periodistas defender los derechos humanos y el derecho al trabajo de nuestro personal, como cualquier otro medio de comunicación, más allá de supuestas afinidades políticas sino como principio.
En tiempo de denunciar estas fechorías, hacemos un llamado a los sindicalistas y periodistas, tanto nacionales como internacionales, a solidarizarse y asumir la correspondiente defensa del gremio, para evitar la extrema intolerancia hacia el pluralismo de la comunicación. Enjuiciar a los periodistas y clausurar los medios no debe ser tarea de ningún gobierno, y mucho menos de un gobierno interino, cuyo único trabajo es realizar elecciones para que las autoridades sean elegidas por el pueblo lo antes posible.